Petición sobre el control del mercado de actividades esotéricas

Círculo Escéptico organiza una recogida de firmas relativa a la próxima incorporación al Derecho español de la Directiva europea 2005/29/EC. La Directiva, que se refiere a las prácticas comerciales desleales, obligará a los comerciantes de servicios psíquicos o paranormales a advertir a sus clientes de que sus actividades no son serias y deben considerarse mero entretenimiento. En caso de problemas legales, también se les podrá exigir en los tribunales que demuestren sus poderes, en lugar de pedir a las víctimas la prueba de que han sido timadas. A pesar del evidente avance legal, Círculo Escéptico considera que el consumidor sigue muy indefenso, por lo que la asociación inicia una recogida de firmas que pide algunas mejoras para la aplicación de la Directiva. Si leen el texto verán que no pide nada extraordinario y puede parecer razonable incluso a quienes creen en estos asuntos.

PETICIÓN SOBRE EL CONTROL DEL MERCADO DE ACTIVIDADES ESOTÉRICAS

En la actualidad los consumidores españoles se encuentran prácticamente indefensos frente a los fraudes cometidos por supuestos curanderos, videntes, adivinadores y otros profesionales de los "servicios paranormales". La legislación vigente considera estas prácticas como arrendamientos de servicios en los que no hay por qué garantizar ningún resultado, y en los pocos casos que por su gravedad llegan hasta la Justicia penal es frecuente que los Tribunales absuelvan a los acusados basándose en que las víctimas, con su credulidad, contribuyeron al éxito del engaño.

La futura incorporación al Derecho español de la Directiva 2005/29/EC, relativa a las prácticas comerciales desleales, vendrá a paliar en parte esta situación, ya que obligará a los vendedores de supuestos servicios "psíquicos" o paranormales a que adviertan previamente a sus clientes que sus prácticas no tienen aval científico alguno y deben ser tomadas como un simple entretenimiento. Más aún, en caso de conflicto permitirá que los Tribunales les exijan que sean ellos quienes demuestren que poseen los poderes, facultades y habilidades que ofrecen, en lugar de ser sus víctimas quienes se vean obligadas a demostrar que han sido objeto de un fraude.

Consideramos, sin embargo, que estas medidas no son suficientes. No debemos olvidar que en la mayoría de las ocasiones las víctimas de estos fraudes se resisten a denunciarlos por temor a las dificultades de un procedimiento judicial, por la escasa cuantía de lo defraudado o, simplemente, por la vergüenza que supone reconocer que hemos sido objeto de un timo. Por otro lado, aunque la nueva normativa facilitará en muchos casos que las víctimas reclamen la devolución de su dinero, los culpables seguirán sin recibir castigo alguno por su conducta, salvo quizá alguna sanción administrativa, y podrán seguir practicando impunemente sus actividades.

Respetamos absolutamente la libertad religiosa y de creencias, pero también creemos que los Poderes Públicos deben proteger y amparar a los ciudadanos ante los fraudes cometidos aprovechando y abusando de dichas creencias.

Por lo tanto, los firmantes de esta petición exigimos a las autoridades legislativas y ejecutivas de ámbito nacional y autonómico:

1.- La inmediata transposición al Ordenamiento Jurídico Español de la Directiva 2005/29/CE, especialmente urgente si tenemos en cuenta que el plazo que la propia Directiva establecía para su incorporación al Derecho interno de los Estados miembros finalizó el 12 de diciembre de 2007.

2.- La adopción de cuantas modificaciones legislativas sean necesarias para la prevención, persecución y adecuado castigo de los fraudes perpetrados aprovechando las creencias religiosas o paranormales de las víctimas, incluyendo la reforma del Código Penal con el fin de considerar como constitutivos de estafa aquellos fraudes cometidos aprovechando la credulidad de las víctimas.

3.- La aplicación de políticas activas de prevención de este tipo de fraudes, incluyendo la realización de inspecciones, el control de la publicidad engañosa o desleal, y la creación de procedimientos administrativos sencillos y rápidos para la tramitación de denuncias y alertas promovidas por los ciudadanos y las asociaciones de consumidores.

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